Jueves, 21, Nov, 6:52 AM

Publicaremos textual lo que nos escribe el concejal Roberto Córdova, sin embargo, antes –a raíz de eso de la nobleza, que es parte de la argumentación- diremos algo:

La nobleza es un don con el cual nacemos todos, como parte de las características y valores que en mayor o menor medida nos inculcan desde pequeños nuestros padres. Sin embargo, como otras de esas características, como la honestidad, y muchas otras, se nos van quebrajando y cayendo de a pedacitos. Aunque algunos piensan que viven hasta el fin de sus días y mueren con la misma cuota con la que “venían de fábrica”.

Pero no. Soy un convencido de que a cada uno, se nos caen de a poco, a algunos más rápido que otros. Incluso a algunos de un viaje.

No quiero pecar de soberbio, pero en esta seguidilla de escándalos que ha terminado por desacreditar a Pichilemu de una manera tal, no he visto, oído o sabido que nadie de los actores que han tenido como protagonistas, hayan dicho –en un momento- “nobleza obliga” y hayan reconocido sus faltas, sus omisiones, su silencio, la complicidad de algunos para que las cosas hayan llegado al nivel que están, sus delitos.

Tampoco aquellos que han avalado a las autoridades comunales que han sido condenadas por diversos DELITOS.

Se ha sabido de algún obispo –por ejemplo- de algún senador activo, de algún diputado, de algún ex gobernador, de ex presidentes de Partidos, de moros y cristianos que firmaron y avalaron irreprochable conducta. Y se sabe que hay varias de estas “personalidades” en ejercicio y otros que ejercen otros cargos, incluso de embajadores y que se constituyeron en cómplices al “no hacer nada” cuando con evidencias en mano se quedaron “mudos”. ¿O acaso no es cierto a que algunos parlamentarios les mostraron, les hicieron oír evidencias que finalmente fueron claves para condenar a algunos de sus “acólitos”, y que terminaron condenados por la justicia?

Quienes ha ejercido cargos –ya por ser designados por autoridades superiores o por elección popular- deben ejercer su rol y usar las facultades de que están investidos no solo porque les pagan para ello, sino por que se supone que “no están obligados para ejercer el cargo”. Y luego, tras ejercerlo, si saben de irregularidades -o quedaron pendientes- debieran hacer lo imposible para que tales situaciones o hechos se corrijan.

Hace rato que terminamos de ejercer una función de concejal –cuyo principal rol es ser fiscalizador de la labor del alcalde de turno- y por ejercerla plenamente pagamos un costo alto. No obstante, como las cosas –en muchos aspectos siguen igual, incluso peor, seguimos haciendo pega que otros –bien pagados- no la hacen.

Y la hacemos convencidos que alguien tiene que hacerlo, o que al menos tiene el valor de no quedarse callado.

Propiedades municipales, fiscales, bienes nacionales de uso público, BNUP, siguen en poder de particulares. Y aparte de la preocupación –justamente del concejal que nos escribe- manifestada por parte de la Avenida Costanera que fue cerrada en un momento por quien dice ser dueña de un sitio en el lugar que franquea ese Bien Nacional de Uso Público, nadie dice nada. Lo que es peor nadie hace nada. Todo quedó ahí cuando Roberto Córdova debió entregar el cargo de alcalde suplente –producto de la resolución del TER, y que ahora acaba de ser corregida por el Tribunal Nacional de Elecciones- donde fue apelada su resolución.

Cualquier miembro del Concejo Municipal que salga electo como alcalde debiera asumir –en su rol de administrador de los Bienes Municipales y Bienes Nacionales de Uso Público, BNUP- su defensa, pues es un hecho cierto que se puede ganar, recuperar, pues están los antecedentes y argumentos. Solo hay que buscarlos y esgrimirlos.

En el actual escenario desearía que fuera el propio concejal Córdova quien siguiera con esa responsabilidad, entre otras; no obstante me hago la siguiente pregunta: ¿acaso no podría haber seguido peleando ese BNUP como concejal?

No obstante, como no siempre se da la lógica, ofrezco a quien quiera que resulte electo, toda la documentación no solo para pelear ese BNUP, sino otras propiedades que se han ido perdiendo en el tiempo. Propiedades que siendo concejal puse en antecedentes al Concejo Municipal, pero donde no hubo voluntad ni pantalones para pelearlas como corresponde.

¡Nobleza obliga! El punto es ¿a quiénes?

Acá el texto íntegro del mail que nos ha enviado Roberto. Léanlo...

Washington:

Junto con saludarte, y en relación a los fallos del TER y del TRICEL, bien vale la pena poder colocar las cosas en su lugar, en la noticia publicada en Pichilemunews, para cuando el TER se pronunció, tú le otorgaste cierta responsabilidad al abogado Fabricio Jiménez y a la Concejal Viviana Parraguez, y como la situación la corrigió el TRICEL, creo que "nobleza obliga" de plantear que ninguno de los aludidos tuvieron responsabilidad, y el fallo obedeció a otras variables, que seguramente nunca podremos conocer.

Lo que tú dices en esa oportunidad es lo siguiente:

“Tales consideraciones confirman que sencillamente la reclamación interpuesta por el abogado Fabricio Jiménez Mardones –en representación del Concejo Municipal de Pichilemu- se presentó en un momento que no correspondía.

Así las cosas, se puede desprender que tanto el profesional abogado contratado por el municipio “no se sabía bien el texto de la ley al respecto” o a sabiendas vio una oportunidad de trabajo. No obstante así, extraña que habiendo una concejal que es abogada –Viviana Parraguez Ulloa- “esa materia de la ley, tampoco la sabía, o en el peor de los casos, ya la había olvidado”.

En lo personal creo que los dos actuaron al igual que el resto de los Concejales, con la convicción que teníamos la razón, y producto de esa convicción es que nuestro planteamiento en el Tricel no varió una letra, a pesar de haber sido alegado por José Luis Andrés, pero con la colaboración permanente de Fabricio Jiménez.

Sin otro particular, te saluda atentamente.

Roberto Córdoba Carreño
Concejal Pichilemu