Fuente: www.pichilemunews.cl – 17.10.2022
- Así se desprende de la serie de situaciones que –desde un tiempo a esta parte- se han agudizado con respecto a inscripciones de terrenos –ya bienes fiscales, bienes nacionales de uso público, BNUP, municipales, como también de privados- reclamadas por privados muchas veces con artilugios, artimañas, superposición de roles, entre otras figuras.
- El último de estos casos, es el que tras una Declaración Pública –firmada por el alcalde Cristian Pozo y el Concejo Municipal en pleno- justifican un Permiso de Construcción en un terreno que, en el actual Plano Regulador Comunal, PRC, vigente a la fecha aparece como área verde, “reconociéndole” propiedad de un particular y que, además, ante una conminación de la Contraloría, debieron otorgar el permiso de construcción que este nuevo dueño habría acreditado; agregando que ante la inquietud ciudadana, el municipio hizo una investigación que dice –revisados antecedentes desde el año 2006 en adelante- ese terreno no sería un bien municipal.
- Así las cosas y tras la construcción del cerco perimetral del terreno e intervención de maquinaria y obreros- la comunidad del sector, a través de la nueva directiva de la Junta de Vecinos “Playa Hermosa”, ésta a través de una profesional interpone un Recurso de Protección ante la Corte de Apelaciones de Rancagua. El que es acogido y, además, resuelve otorgar la Orden de No Innovar y la Paralización de Obras, aparte de otros puntos. Un resultado que, da una esperanza a que -¡por fin!- se paren la serie de irregularidades y actos, donde privados obtienen propiedades que no les pertenecen, donde –como en este caso- el municipio y su alcalde que es quien debe administrar y defender los Bienes Nacionales de Uso Público, BNUP, “hacen vista gorda” y es la comunidad toda quien pierde. Tales casos han sucedido prácticamente con todos los alcaldes de turno. Considerando que –una vez más, es una mujer quien “le pone un cascabel al gato”- quisimos conocer más de la profesional abogada que logró este verdadero hito en la defensa de los BNUP, en Pichilemu.
Es pues, a raíz de las exitosas gestiones, en representación de la Junta de Vecinos “Playa Hermosa”, al tiempo que conocimos dos videos donde expresa su satisfacción, por una parte, y en otro video, su decepción por el actuar de la autoridad municipal, el alcalde Cristian Pozo, que derivó finalmente en que presentara un nuevo escrito –que ya publicamos ayer- es que quisimos conversar vía whatsapp con la profesional abogada Isabel Riquelme.
¿Abogada Riquelme, cuándo llega usted a residir a Pichilemu y qué la mueve a quedarse en este “bosque pequeño” que, cada vez, se agranda con nefastas consecuencias para la comunidad?
R: “Soy hija de familia pichilemina, específicamente del sector de Cáhuil. Mi madre nació, se crio y educó en estas tierras, para luego ejercer su vida laboral en Santiago, por consiguiente, yo desde muy pequeña he fluctuado entre Pichilemu y Santiago, reconociendo ambos lugares como mi hogar. Es así que ya de adulta, y con la ventaja de tener una profesión independiente que me permite teletrabajar, en 2019, en conjunto con mi pareja y mi perro, decidimos comenzar a formar nuestro hogar en este bosque pequeño, buscando escapar de la debacle que imperaba en ese tiempo en el gran Santiago -y que se agravo producto de la pandemia- por lo que Pichilemu se transformó en nuestro paraíso terrenal, lleno de hermoso borde costero, atardeceres impagables y la tranquilidad que solo un pueblo pequeño puede ofrecer.
Además de lo cotidiano y lo hermoso que resulta este lugar para mí, lo que me motiva a quedarme en esta comuna es la posibilidad cierta de generar cambios desde el accionar cotidiano y también desde mi profesión, la que me permite colaborar, ya sea en la perspectiva más humana o de lleno en lo jurídico, con la interposición de acciones legales. Es así que tengo la firme convicción que los profesionales jóvenes tenemos la capacidad de ejercer este de cambios positivos en la convivencia comunitaria, y lograr un criterio uniforme en ciertas temáticas de relevancia”.
Por otra parte, veo –desde afuera, donde estoy por razones de trabajo- que ha estado participando con organizaciones y movimientos ciudadanos que están haciendo la pega –que no se ve- la hagan plenamente las autoridades democráticamente elegidas. También, debo ser sincero, como profesional de derecho, usted está haciendo un trabajo que salvo en contadas ocasiones vi en otros profesionales y servidores públicos.
Quizás usted no lo sabe, pero es bueno que lo sepa. Hace algunos años estaba de Juez, el magistrado Rodolfo Moreno Osses –y al contrario de su antecesor- junto al Defensor Público Claudio Bastías, defendieron terrenos que eran fiscales y que un par de frescos quisieron inscribir; valiéndose de una Acción Voluntaria, solicitando que un terreno de escasos 480 m2, en la Avenida Costanera, pasara a ser no un sitio, sino una propiedad de más de 5.000 m2. Con documentación en mano, el Juez y Defensor Público –en buen chileno- les “hicieron una tapa” así de grande.
Este caso lo informamos en su oportunidad. Y lo volvimos a informar en otro intento similar, pero igualmente –gracias a una actitud y “rectitud”, que no todos los jueces tienen- volvieron a dar un portazo a las pretensiones.
Saco este tema, porque estos personajes que están intentando reinscribir propiedades desde el año 2016 a lo menos, con éxito en algunos casos, también tienen apetito por ese sector. Y están en aquello. Así que, a estar alertas los dirigentes vecinales; pues de las autoridades municipales no se puede esperar mucho. Al contrario –y lo sabemos por experiencia propia- el alcalde Roberto Córdova ha recibido antecedentes sobre propiedades municipales en forma gratuita. Y no hizo nada, absolutamente nada que se sepa.
Como ejemplo, dos casos: 01 Acerca de pretensiones de vecino que quiere “sacar una mascada al Bosque Municipal” por Avenida Agustín Ross, a continuación de los locales comerciales existentes (otra avivada de algunos vecinos, en los años ‘80). 02 Ex Matadero Municipal, cuyo terreno ubicado en calle José Joaquín Prieto, entre Thompson y Esmeralda, permanece ocupado y, una de ellas hace rato viene pretendiendo inscribir a su nombre.
Dicha propiedad fue adquirida por la Municipalidad hace más de 100 años. Exactamente el año 1918. Se le entregaron las Escrituras e Inscripciones al alcalde Córdova; documentos por los cuales pagaron a abogado y “no las encontró”. Sin embargo, si pudimos dar con ellas mi hermano Antonio y el suscrito. Y ahí siguen esas propiedades con los lobos hambrientos acechando …..
¿Qué opinión le merece a usted esta actitud edilicia, que –como se ha dicho- viene de la gestión anterior y se persiste en ella en la actual administración municipal?
R: “Referente a esta pregunta, creo que independiente de la autoridad de turno que haya sido elegido como alcalde, nos encontramos ante un problema de mayor envergadura, en el sentido de estar completamente abandonados por el Estado, en su más amplio espectro, porque si se piensa de una manera crítica, la figura del Alcalde, esta jurídicamente mal planteada, y eso se alerta con tan solo hacerse la pregunta ¿ante quién es responsable el alcalde? ¿Quién es su jefe? Lo cierto es que no hay un jefe, efectivamente existen responsabilidades que se pueden perseguir ya sea penal, civil o administrativa… pero en lo cotidiano y humano, del quehacer cotidiano, no hay acción rápida y efectiva que nos permita perseguir y presionar la falta de acción de un jefe comunal como la que se denuncia en el contexto de esta pregunta.
Así las cosas es que debo ser enfática en decir, que en mi apreciación, los mayores responsables de los escenarios adversos que se enfrentan hoy en la comuna, son los respectivos departamentos municipales encargados de estas gestiones, es decir, el Departamento Jurídico y el Departamento de Obras, los respectivos jefes de éstos, son quienes sistemáticamente se han desentendido de sus funciones y han permitido -por medio de su inacción o acción deficiente- que distintos personajes inescrupulosos usurpen sistemáticamente bienes inmuebles dentro de la comuna, y además que se emplacen construcciones en el borde costero o territorio critico comunal.
Por lo que podríamos concluir finalmente que todos ellos son responsables en menor o mayor medida de la debacle actual, primero el alcalde en el sentido de ser el jefe comunal, y por consiguiente el superior de cada departamento para exigirle y fiscalizar que estos obtengan los resultados que se les solicita, y finalmente, como señalé, la responsabilidad de cada jefe de departamento de cumplir lo mandatado y no tener la libertad de simplemente “mirar para el lado” y olvidarse de los asuntos de urgencia que afectan a la comuna”.
Pero, vamos a la actualidad. ¿Cómo es que usted y la Junta de Vecinos “Playa Hermosa”, deciden dar este paso judicial?
R: “Que, ya desde hace años se venía alertando por distintos dirigentes sociales y activistas, las distintas problemáticas sobre el manejo territorial que existe en la comuna sobre los bienes inmuebles de carácter privado, como, asimismo, el desconocimiento y falta de protección total que en la actualidad afecta a los Bienes Nacionales de Uso Público en nuestra comuna.
Es producto de aquello, y debido a las constantes usurpaciones de terrenos de carácter crítico para el desarrollo de la comunidad, sumado al abandono total de deberes por parte de los entes estatales y gubernamentales como es el propio Municipio, es que la vulneración de derechos fundamentales se hace presente y latente en el sentir ciudadano. Por ello, y debido al grave detrimento e intervención física irremediable que está sufriendo el sector del Cabezal sur del aeródromo de Pichilemu, conocido hoy como la calle Guillermo Tell, es que la Junta de Vecinos de Playa Hermosa en conjunto con el invaluable trabajo de investigación y recopilación de documentos de distintos actores sociales, decide por mi intermedio, interponer un Recurso de Protección con el objeto de que se paralice preventivamente la ejecución de la obra que allí se realiza, debido a que luego de un extenso estudio de varios abogados, se logra constatar que dicho sector efectivamente corresponde a un Bien Nacional de Uso Público que fue cedido en beneficio del Municipio, y que por tanto, todo ciudadano tiene derecho a ocupar sin restricción alguna, y que es en este entendido que nuestra Constitución Política de la República mediante su artículo 19 número 24, nos otorga una especie de propiedad sobre el inmueble, permitiéndonos interponer la acción cautelar mencionada, la que fue exitosamente admitida a tramitación, y a la cual -además- se lo concedió Orden de No Innovar, ordenando al Municipio de Pichilemu, paralizar la obra que se ejecuta con fecha 11 de octubre 2022, lo que genera gran felicidad en la comunidad y actores participantes de esta gestión. Que, así las cosas, ahora nos queda el arduo camino de proseguir con la tramitación de la causa judicial iniciada, para que se obtengan los resultados que la comunidad en justicia e investigación cree poseer”.
Abogada, el día jueves pasado recibí dos videos suyos donde expresa –por una parte- su satisfacción. ¿Podría repetirnos aquellas palabras para nuestra comunidad a través de nuestro medio electrónico?
R: “Efectivamente el día jueves un vecino del lugar me solicito grabar unos videos, para incorporarlos en un documental que se está trabajando sobre esta problemática, en ellos comento que estoy en el lugar de los hechos, donde está siendo intervenido el sector sur del aeródromo, más conocido hoy como la calle Guillermo Tell, y que allí se está realizando una obra en un terreno que por distinta información entregada por los vecinos sabemos que este inmueble es un bien cedido al municipio y que nos pertenece a todos, que en este sentido estamos contentos porque hemos interpuesto un Recurso de Protección, el cual fue declarado admisible y que además se nos ha concedido una orden de no innovar, lo que significa que esa obra deberá ser paralizada mientras se tramita el recurso, por tanto estamos muy contentos con el trabajo de todos los vecinos, de todas las organizaciones sociales en el logro conseguido”.
Junto con el primer video, muy luego nos llegó otro, donde su optimismo pasa drásticamente a su decepción. ¿Qué la motivó a pasar de un estado a otro?
R: “Lo que hace cambiar mi optimismo, es nuevamente la demora en la gestión municipal, pese a contar con la comunicación por parte del alcalde, que la obra efectivamente seria paralizada y que contábamos con su disposición a acatar lo resulto, señalo que “debía revisar y estudiar el dictamen judicial” lo que derivó en nuestra molestia frente a la inacción municipal. Yo intente comunicarme personalmente con el Alcalde vía telefónica el día 13 de octubre (2dias después de la orden de paralización) para exigir las explicaciones correspondientes previo a informar a la Corte de Apelaciones sobre el eventual desacato, pero no recibí llamado alguno por parte del municipio. Es así es que nos vimos en la obligación y urgencia de informar que no se estaba dando cumplimiento a lo resuelto, lo que hacía perder todo sentido al dictamen judicial, ya que la Orden de No Innovar no se había cumplido entendiendo que esta - en su esencia más pura- tiene por objeto CAUTELAR la vulneración flagrante de derechos fundamentales EVITANDO efectivamente que las circunstancias o hechos que se someten al conocimiento del Ilustrísimo Tribunal, puedan continuar siendo modificados o transgredido por las partes, ello mientras dure la sustanciación del Recurso de Protección, y que no es resorte de un ente municipal evaluar la pertinencia de cumplir o no lo resuelto.
Respecto del escrito presentado y ya publicado por este medio, puedo comentar que la Iltma Corte de Apelaciones de Rancagua, le ha pedido nuevamente informe a la Municipalidad para que dé cuenta de que ha acatado la determinación judicial y ha ordenado a la Tercera Comisaria de Pichilemu, notificarles de la resolución emitida para que den adecuado cumplimiento de aquella”.
Abogada, no sé si a usted le ha llamado la atención con estos casos, donde varios personajes que están intentando reinscribir propiedades a través de la justicia, lo hagan presentando las causas en un Juzgado de Santiago, en particular. Conociéndose que estos personajes –por años- acuden a ese Tribunal y no otro, ¿no es posible que haya una responsabilidad de éstos?, por cuanto, ello ha dado pie a que –tras lograr documentación gestionada en el Conservador de Bienes Raíces- obtengan finalmente resoluciones a sus pretensiones.
R: “En concreto, no hay una respuesta simple para esta pregunta, porque en concreto, no habría ilegalidad si se cumplen con todos los requisitos exigidos por el legislador para obtener una sentencia judicial favorable a los intereses de un particular, inclusive si ello ocurre en Santiago, porque aquello depende de otros factores que no son necesariamente querer burlar a la justicia local.
En la moralidad, y teniendo el conocimiento que varios poseemos respecto de estos personajes, claro que si es cuestionable y casi delictual, el actuar negligente que ha tenido las instituciones respecto de la tramitación de estos supuestos testamentos, ampliaciones y rectificaciones de posesiones efectivas, etcétera, en las cuales mágicamente se crean nuevas inscripciones, se obtienen roles y se asocian a estos terrenos, pero que pertenecen a otros y que ninguno de estos organismos logre cuestionar siquiera la legalidad y veracidad de la documentación que se presenta, entonces cabe preguntarse ¿estamos frente a una falla estructural del sistema? ¿Cómo es que ni el Tribunal Civil, Conservador de Bienes Raíces, Registro Civil, o Servicios de Impuestos Internos logra detectar la falsedad de estas propiedades? Allí es donde, como sociedad y comunidad pichilemina, tenemos respuestas para exigir”.
Fotografías: Archivo “Pichilemunews”/Pantallazos Video Rodrigo Cavieres
Pichilemu: Autoridades Municipales, Bienes Nacionales y Justicia –entre otros entes- tienen responsabilidad en hechos de usurpación de terrenos e inscripciones con documentación falsa
