Lunes, 29, Abr, 2:35 AM

Fuente: www.pichilemunews.cl – 24.01.2024
- Con justa razón los que defienden los bienes fiscales, públicos, municipales -que no son precisamente quienes tienen que hacerlo de acuerdo con su rol- están inquietos ante el escenario que apareció y que pone en peligro un área verde que es municipal desde los años ’60; y que gracias a la acción judicial interpuesta por la Junta de Vecinos “Playa Hermosa” sigue peleándose.
- Presidente de la Junta de Vecinos Playa Hermosa, Juan Luis Barra expresó preocupación y advierte de la responsabilidad del municipio -por no cumplir con su rol- se haga la venta de un terreno que es municipal.

Concretamente, los “propietarios” que poseen documentación relativamente reciente de esa área verde, no obstante, a estar el caso para ser resuelto por la justicia, hace unas semanas han publicado -en las redes sociales- avisos donde el dicho terreno aparece en tres Lotes, los cuales pusieron, nada menos que a la venta.
¿Cómo puede ser?, ¿es que acaso los profesionales del municipio -contratados para defender y proteger el interés municipal- están mirando para el lado, no tienen la capacidad de ver las intenciones de sus oponentes y no han procedido a poner las acciones cautelares que corresponde?
Todo indica, que estas aprehensiones de los vecinos, de los dirigentes vecinales son con justa razón; más aún cuando -la experiencia enseña- pero no todos, al parecer, aprenden de ella.
Y es tal la impaciencia ante la inercia municipal, que finalmente la Junta de Vecinos “Playa Hermosa” envió el lunes 22 recién pasado una nota al alcalde Cristian Pozo, haciéndole ver su preocupación.
Copia -con timbre de la Oficina de Partes del municipio- que se nos ha hecho llegar y que publicamos (para leerla, recurrir al Facebook de nuestro diario digital: Washington Ramón Saldías González).

Historia
En efecto, fue a raíz de un Recurso de Protección en contra del municipio -por “ignorancia y desprolijo trabajo de su oficina jurídica, como de la DOM- que la Junta de Vecinos indicada se vio obligada a interponer dicha acción; donde la Corte de Apelaciones de Rancagua acogió el recurso, al tiempo que ordenó “paralización de obras” a Eluney Spa, quienes habían logrado de la DOM un Permiso de Construcción para construir en el terreno ubicado en el Cabezal Sur del Aeródromo, calle de por medio, alegando ser propietarios, gracias a documentación realizada en la Notaría y Conservador de BB. RR. de Pichilemu, “servida” por el Notario y Conservador que, posteriormente, fue alejado del cargo por el Poder Judicial.
Como se recordará, tras la serie de acusaciones y reclamos de contribuyentes y dirigentes vecinales que presentaron las quejas correspondientes ante la serie de irregularidades y delitos cometidos en actos impropios de inscripciones sobre terrenos de personas que, luego de ser afectados, algunos han recuperado sus propiedades en costosos juicios.
Ello, porque se procedió a realizar dobles inscripciones, o superposición de terrenos.
Es, precisamente, lo que ocurrió con la área verde y que, luego de interpuesto el Recurso de Protección, la justicia lo dejó en una fase controversial, a la espera que sea la justicia -de acuerdo a la documentación legal existente -no “fabricada” por corruptos- se pronuncie y de la razón al propietario que ostenta título inscrito del año 1960, como dijimos, y no uno reciente -como otros documentos fraudulentos- donde ya la justicia ha sentado precedentes; dándoles la razón a los verdaderos propietarios.
La misma razón que debiera imponerse ante un juicio de similares características, que en este caso afecta a un terreno municipal, que es área verde y, que entregó el propio loteador en su momento, cuando -para cumplir con la Ley General de Urbanismo y Construcción, LGUyC- hizo entrega a la Municipalidad de Pichilemu de los terrenos correspondientes a los porcentajes contemplados por la ley, para ser destinados a áreas verdes, calles, avenidas y zonas de equipamiento. Todo ello conforme con las Inscripciones pertinentes, en ese tiempo, en la Notaría, Conservador y Archivo de Santa Cruz, realizada en 1960.

Ignorancia Municipal
Todo lo que concierne a este caso en particular -aunque hay otros casos similares- es por la supina ignorancia de los funcionarios municipales que, por el cargo que ejercen, deben mantener la documentación municipal debidamente cautelada, ya sean estos Planos, Escrituras, entre muchos otros que deben pertenecer a buen recaudo municipal. Y, llegado el momento, contar con ellos para -como es el caso- tener la información fidedigna para oponerse ante un usurpador de terrenos o que llegue alguien, de la noche a la mañana, alegando que un Bien Nacional de Uso Público, BNUP, o un bien fiscal les pertenece. De hecho, se han robado terrenos que ostentaban esas calidades e inscrito dichos terrenos con la complicidad de alcaldes de turno, de jueces y funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales.
¿Qué casos?
No uno, varios …., en el borde costero, calles trazadas en el actual Plano Regulador Comunal, terreno al Bosque Municipal, al Aeródromo Municipal; ¿seguimos?

¿Cómo uno, no va a preocuparse y hacer causa común ante estos actos, en que pese a las advertencias e información entregada al municipio por dirigentes vecinales -como fue en este caso- y se le entregó y dijo que esos terrenos eran municipales, a la propia Municipalidad, al alcalde Roberto Córdova y la abogada Susana Jara y no pasó más allá, con las consecuencias que se están conociendo?

Más aún, con la nula fiscalización de los actuales “fiscalizadores …

Fotografías: Redes Sociales/Copia Carta al Alcalde Municipalidad de Pichilemu.