Fuente: www.pichilemunews.cl – 13.09.2022
Mujer de 87 años -con dificultades de desplazamiento- no logra salvarse y muere en el siniestro de su vivienda en la Villa Alto Pucalán.

Incendio declarado en la Villa “Alto Pucalán” anoche, dejó una víctima faltal -anciana de 87 años- en tanto su esposo logró huir de las llamas que quemaron la vivienda y un automóvil. La anciana tenía problemas en sus piernas para desplazarse y no pudo huir de la vivienda.
Así lo informa Radio “Entre Olas” FM en un reporte de su director, Jorge Nasser, agregando que el Fiscal de Turno dispuso en el lugar la presencia del Servicio Médico Legal.
Hasta el cierre del reporte, voluntarios de Bomberos de Pichilemu aún trabajaban en el lugar del siniestro.

Fotografía: Jorge Nasser Guerra

Fuente: www.pichilemunews.cl – 10.09.2022
- Concejo Municipal en pleno firmó comunicado donde informa que terreno -área verde entre el cabezal sur del Aeródromo y Población Los Eléctricos- es de propiedad privada.
- El lugar fue cerrado y propietario instaló letrero donde anuncia construcción de Centro Deportivo.

No obstante al reclamos de residentes de la Población existente al final del cabezal sur del Aeródromo -calle de por medio (Guillermo Tell)- que alegan que el cierro les impide ahora el ingreso fluido a sus viviendas y, donde con preocupación se ponen en el caso de una emergencia -médica, siniestro- que impediría llegar a una ambulancia o carro bomba, respectivamente; realzados en días pasados y que dimos cuenta a través de nuestro medio, aparte de las redes sociales, todo sigue en marcha.
Y, el municipio -con una rapidez impresionante- se ha apresurado a informar que el terreno no es municipal, sino de un privado y -que hechas todas las averiguaciones pertinentes- la “revisión de sus antecedentes registrales desde el año 2006 a la fecha y las diversas transferencias y actuaciones jurídicas recaídas respecto de ellos, se puede concluir que la propiedad en análisis no forma parte del patrimonio municipal, siendo un inmueble privado”.
Como se verá en el comunicado íntegro y textual -que reproducimos más adelante- señala el comunicado que “por eso que defendimos por largos meses la posición de no entregar los permisos de edificación, pero lamentablemente la Contraloría nos instruyó a darlos, y de esa forma, permitirles generar el proyecto”.
Este argumento -que la Contraloría los instruyó ...” demuestra -por una parte- que este alcalde y, con el apoyo unánime del Concejo, está respetando al organismo contralor; pero -hay que decir- que se respeta para ciertos casos.
En efecto, pues la Contraloría ha emitido dictámenes en el pasado reciente, dando instrucciones expresas al alcalde Roberto Córdova Carreño en su momento, para que decrete la demolición de un inmueble (Casa del hoy ex Notario y Conservador de Pichilemu), el alcalde Córdova lo hizo, pero “en el intertanto” la opinión pública ya sabe lo que pasó: dicha propiedad que tenía orden de demolición fue vendida a otra persona. Y al “decreto municipal” no se le pudo dar curso y la casa sigue en pie, pese a estar en Zona P1, donde no se pueden construir viviendas. Actualmente la vivienda está habitada, como lo pudo conocer la opinión ública a través de un reportaje de Mega.
Consultado en la ocasión el actual alcalde Cristian Pozo, sobre esa propiedad, lejos de informar que él respeta las instrucciones de la Contraloría General de la República, contestó que los contribuyentes y/o privados tienen el derecho de anteponer recursos para hacer valer sus derechos ….

¿Por qué el alcalde Pozo no informó que él firmó un nuevo Decreto de Demolición?
Raro, ¿o no?

En efecto, el alcalde Pozo firmó un Decreto de Demolición para esa vivienda sin Permiso de Construcción (como muchas otras en el borde costero) y en Zona P1 que prohibe construcción de viviendas, sino para comercio menor, de un piso y no de uso residencial.
Dicho Decreto alcaldicio N° 1022, fue firmado con fecha 14 de marzo de 2022, pero como la opinión pública sabe, aún la vivienda permanece en pie (lo que informamos el 6 de abril del presente año (Pichilemu: Decreto de demolición de vivienda construida en borde costero (Zona P1) y con restricciones emitió el alcalde Cristian Pozo).
¿Se burlarán nuevamente del municipio y, en especial de sus autoridades?

Esperanza
Por otra parte, llama la atención la preocupación -que es digna de destacar- del Concejo en pleno cuando declara que “como Autoridad, y junto al Concejo Municipal, no dejaremos de realizar todas las instancias que estén a nuestro alcance para recuperar estos espacios y permitir de esta forma que nuestra comunidad pueda caminar tranquila y ocupar estos lugares junto a sus familias”.
Esta preocupación contrasta con la asumida por alcaldes anteriores y sus respectivos Concejos que -aparte de palabras y acciones de buena crianza- tienen aún a privados con Bienes Nacionales de Uso Público, BNUP, y terrenos municipales (ex Matadero Municipal) usufructuando de ellos.
Ello, pese a que el municipio ha ganado dos juicios, el BNUP -desde el año 2007 en poder del empresario Mauricio Blanco Stevenson- éste sigue “arrendando a terceros”. Y el municipio “no hace esfuerzo para su recuperación”, sin que haya visos de ello; pese a que le hicimos las consultas -primero- al alcalde Córdova en su momento; como igualmente al alcalde Pozo, sin que haya respuesta por estos casos.

Comunicado Municipal
Sin más preámbulo, acá el texto completo y textual del comunicado municipal:

“En relación con la propiedad denominada TERRENO ELUNEY -CALLE GUILLERMO TELL, sobre la que se han realizado diversas denuncias por parte de organizaciones de la sociedad civil, en las que se afirma que dicha propiedad sería de dominio municipal y que se estaría produciendo respecto de ella una toma irregular por parte del vecino Sr. Daniel Andrés Parada Aliaga, la Municipalidad comunica a la opinión pública lo siguiente:

Luego de efectuar un exhaustivo estudio de los títulos de la propiedad en cuestión, los que implicaron la revisión de sus antecedentes registrales desde el año 2006 a la fecha y las diversas transferencias y actuaciones jurídicas recaídas respecto de ellos, se puede concluir que la propiedad en análisis no forma parte del patrimonio municipal, siendo un inmueble privado.

Tal conclusión es avalada por diversos organismos públicos en los que obran antecedentes de la propiedad en comento, los que no poseen ningún antecedente fidedigno de que el inmueble sea de dominio de la Ilustre Municipalidad de Pichilemu, tales como, el Servicio de Impuestos Internos, el Conservador de Bienes Raíces de Pichilemu, el Conservador de Bienes Raíces de Santa Cruz y el Cuarto Juzgado Civil de Santiago, instancia en la que se ventiló una acción voluntaria recaída sobre la titularidad de la propiedad, no siendo considerado nunca como un terreno del municipio.

Como Alcalde, y Concejales, empatizamos y nos hacemos cargo de la molestia que tiene la comunidad, y al igual que ellos, me siento preocupado y molesto por estas áreas verdes que están siendo cerradas, es por eso que defendimos por largos meses la posición de no entregar los permisos de edificación, pero lamentablemente la Contraloría nos instruyó a darlos, y de esa forma, permitirles generar el proyecto. Sin embargo, como Autoridad, y junto al Concejo Municipal, no dejaremos de realizar todas las instancias que estén a nuestro alcance para recuperar estos espacios y permitir de esta forma que nuestra comunidad pueda caminar tranquila y ocupar estos lugares junto a sus familias.

Es por ello que me he reunido en más de una oportunidad con la junta de vecinos, acompañado por el equipo jurídico y de obras de nuestra municipalidad, con la intención de buscar soluciones en conjunto.

Estimada comunidad, hoy día las juntas de vecinos tienen y tendrán todo nuestro apoyo para recuperar estos espacios y no escatimaremos en acciones para poder encontrar una pronta solución.

Concejal Danilo Robles
Concejal Hugo Toro
Concejal Mario Morales
Concejal Tobías Acuña
Concejala Sofía Yávar
Concejal José Luis Cabrera
Alcalde Cristian Pozo Parraguez”.

Fuente: El Rancagüino online – Por: Fernando Ávila F. – 10.09.2022
Luis Barría ya había sido suspendido por tres meses por la Corte Suprema luego que se acreditaran cuatro denuncias, ahora se enfrenta a una nueva acusación.

En el Juzgado de Garantía de Rancagua se realizó la mañana de este viernes la formalización del ex juez de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Luis Barría, por el delito de abuso sexual contra  una víctima M.B.A, decretando un plazo de investigación de 120 días. El Juzgado señaló que para imponer medidas cautelares se debe presentar previamente una querella de capítulos, por lo que no corresponde en esta etapa disponer de dichas medidas.
En este caso la querella de capítulos tiene por objeto hacer efectiva la responsabilidad criminal de los jueces, fiscales judiciales y fiscales del Ministerio Público por actos que hubieren ejecutado en el ejercicio de sus funciones e importaren una infracción penada por la ley.
La Fiscal, Carmen Gloria Agurto, adujo que en el año 2018, el imputado como Juez de Garantía de Rancagua, llegó hasta una de las salas de audiencia donde se encontraba la víctima, quien era funcionaria administrativa de actas, fue así como la víctima, quien estaba sentada en su escritorio, recibe acciones de relevancia sexual, tomándole el ex juez  su cara, logrando besarla en la mitad de su boca, lo que provocó un daño sicológico, calificado como abuso sexual propio como autor directo.
La parte querellante, Katherine Villagra, pidió medidas cautelares, ya que adujo que el ex juez se aprovechó de su condición jerárquica, pidiendo la prisión preventiva, esto debido a que se está en presencia de un delito sexual, agregando que han solicitado diligencias investigativas. Se enfatizó en un abuso de su condición de funcionario público.
La Defensa del ex juez,  Ángel Valencia, indicó que lo expuesto son afirmaciones inaceptables, e intolerables, específicamente  que se diga que su representado haya hecho uso de contactos para eludir la acción de la justicia, así como se le atribuyan delitos por los que ni siquiera se le haya formalizado.
Aseguró que no hay antecedentes de los hechos, por lo que no procedía la medida cautelar de prisión preventiva, indicando que en su momento la víctima dijo tener una relación buena, cordial y profesional con el imputado, declaración realizada el año 2020. Sobre los hechos descritos por la Fiscal, los calificó  como falsos, aduciendo  que no es efectivo que no se hayan adoptado medidas en contra de su representado, ya que por otros hechos, fue suspendido por tres meses de su cargo, las supuestas víctima siguen trabajando en lugares distintos, así como el ex juez actualmente por disposición de la Corte Suprema se desempeña en otro cargo, específicamente como relator, siendo estas alegaciones injustas y abstractas.  Finalmente el Juez,  Felipe Izquierdo, determinó un plazo de investigación de 120 días.

  LOS HECHOS
La denuncia fue acreditada por la Superintendencia de Salud a través de una resolución, donde se obliga a la Corporación Administrativa del Poder Judicial -como empleador de la víctima- y a la Corte Suprema como superior jerárquico de ellos, a realizar las medidas de mitigación, las que hasta ahora, y según la afectada no se han hecho.
Fue a comienzos del 2021 cuando se conocieron las primeras denuncias contra Barría. Fueron cuatro las funcionarias del Poder Judicial quienes señalaron haber sido víctimas de acoso sexual y laboral. Todas fueron acreditadas, sin embargo, el ahora relator fue sancionado sólo por dos, ya que las otras habían prescrito.  Debido a esto, Barría fue suspendido de sus funciones y, posteriormente, trasladado a nuevas funciones como relator de la Corte de Rancagua. Sobre esta denuncia, también es antigua, pero no ha prescrito. La victima por temor no se había atrevido a realizarla antes.

Fotografía. El Rancagüino

Fuente: www.pichilemunews.cl – 10.09.2022
- La beca será complementaria al financiamiento recibido en el marco del proyecto Fondecyt de Iniciación que encabeza la investigadora de la Universidad Estatal de O’Higgins (UOH), Ana Figueiredo, y que busca generar espacios de aprendizaje intercultural y producción de datos sobre personas Mapuche en Chile.

“La beca recibida está direccionada a generar espacios de aprendizaje intercultural para la producción de datos con personas Mapuche en Chile, acercándonos a sus percepciones sobre su situación actual y el conflicto que involucra el Estado chileno y el pueblo Mapuche”, explica la académica del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Estatal de O’Higgins (UOH), Ana Figueiredo, sobre el proyecto Fondecyt de Iniciación que recibe ahora un financiamiento complementario gracias a una beca Sur Global que entrega la Sociedad para el Estudio Psicológico de los Problemas Sociales (SPSSI).
Este Programa de Becas busca financiar investigadores/as del Sur Global, apoyando proyectos con incidencia teórica y social sobre temas de psicología y justicia social.
“En este caso, la beca será un complemento al financiamiento de mi proyecto Fondecyt de Iniciación (11201211), donde actúo como investigadora principal, garantizando –además- que los fondos serán un aporte a la formación intercultural de todo el equipo de investigación y también a la posibilidad de contratar a una educadora e investigadora Mapuche (Ana Ñanculef) para realizar entrevistas en mapudungun”, explica Figueiredo.
Para la investigadora es un honor recibir esta beca internacional. “Creo que estas iniciativas, que buscan fomentar investigación de excelencia -en, desde y para el sur global- son muy valiosas para la formación de capital humano y también para el reconocimiento de nuestro trabajo, tanto dentro como fuera de Chile”, puntualiza la psicóloga.
Agrega que para el equipo de trabajo del proyecto es “un reconocimiento de lo importante que es nuestro trabajo y la manera en que queremos desarrollar investigación con incidencia, de excelencia, y reconociendo las poblaciones con las cuales trabajamos y para las cuales queremos trabajar. En este caso particular, al buscar visibilizar la situación actual de la población Mapuche en Chile y profundizar en sus vivencias y los cambios que podrán ocurrir a futuro, sin olvidar el rol de la historia en estos procesos y dinámicas”, finaliza.
Ana Figueiredo es Doctora en Psicología Social, profesora asociada del Instituto de Ciencias Sociales UOH e investigadora asociada del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social (COES). Anteriormente, trabajó en diferentes países, como Portugal, Holanda y Bélgica, centrando siempre sus investigaciones en las relaciones intergrupales en escenarios poscoloniales.